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El Gobierno español teme violencia en Cataluña por el referéndum

El Gobierno español mostró el viernes preocupación por posibles enfrentamientos en Cataluña con motivo del referéndum de independencia que la Generalitat mantiene programado.

Por Inmaculada Sanz

MADRID (Reuters) – El Gobierno español mostró el viernes preocupación por posibles enfrentamientos en Cataluña con motivo del referéndum de independencia que la Generalitat mantiene programado para el 1 de octubre pese a haber sido paralizado por el Tribunal Constitucional.

Tras insistir en que el Gobierno central usará “todos los instrumentos de la democracia” para impedir la consulta, el ministro portavoz pidió “prudencia” y “moderación” a los catalanes en las próximas semanas.

“A todo gobierno le preocupa la violencia, es la negación de la democracia”, dijo Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pese a que el choque institucional se ha recrudecido esta semana con una polémica tramitación de leyes secesionistas en el parlamento catalán y la posterior actuación de los órganos judiciales a instancias del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el enfrentamiento no se ha trasladado a las calles y las autoridades catalanas han apelado a continuar el “procés” por la vía pacífica.

“La sociedad catalana se ha caracterizado por el pluralismo (..) y es la sociedad catalana la que tiene que impedir esos altercados, no solamente no seguirlos, sino rechazarlos”, dijo el ministro portavoz.

En una nueva actuación contra el “ridículo” protagonizado, a juicio de Méndez de Vigo, por las autoridades catalanas esta semana, el gobierno de Rajoy dijo que recurriría la llamada ley de transitoriedad, con la que se pretende regir Cataluña en su camino hacia la independencia en caso de que gane el “sí”.

La iniciativa llega después de que el jueves el Tribunal Constitucional suspendiera la ley y convocatoria del referéndum y advirtiera a autoridades regionales y municipales de que no participen en la consulta.

Para llevar a cabo la votación, la Generalitat dice contar con más de 16.000 voluntarios y haber recibido el visto bueno para colaborar de más de la mitad de los 947 ayuntamientos catalanes, a los que el Gobierno central volvió a advertir el viernes de que acataran la ley.

“Sin ley no hay democracia y el deber de todos los funcionarios públicos es cumplir la ley”, dijo Méndez de Vigo, que negó que se fuera a perseguir judicialmente a quienes de los 5,5 millones de catalanes voten ese día.

Una de las decisiones más esperadas es la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya que en la capital catalana se concentra aproximadamente una quinta parte de los sufragios, por lo que su decisión de facilitar o no locales para la consulta puede ser determinante para el éxito de la misma.

INTENSAS SEMANAS ANTES DEL 1-O

Las próximas semanas se perfilan intensas política y judicialmente, ya que al frente del Constitucional se suman las querellas presentadas el viernes por la Fiscalía contra los miembros del Govern, que conllevarían penas de cárcel en caso de ser condenados por el delito de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía General del Estado ha pedido también a las fuerzas de seguridad que operan en Cataluña que requisen los instrumentos destinados a la celebración del referéndum, como urnas o papeletas. En ese sentido, la Guardia Civil entró el viernes, según testigos de Reuters, en una imprenta en Constantí (Tarragona) en la que se sospecha que se estaba imprimiendo documentación electoral.

Ante los reveses judiciales que ya han anunciado que desobedecerán, el movimiento secesionista hará previsiblemente una demostración de fuerza con ocasión de la celebración el próximo lunes del Día Nacional de Cataluña, jornada que años anteriores ha servido para que la ciudadanía catalana reclamara de forma pacífica su deseo de votar.

Aunque es mayoritario entre los catalanes ese deseo, la opción separatista ha ido perdiendo fuerza y hoy no alcanzaría el 50 por ciento de los votos, según los sondeos.

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