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El Gobierno de Nicaragua insiste en el diálogo y en la creación de una “comisión de paz”

La activista y defensora de derechos humanos, Azalea Solís (c), habla junto al director ejecutivo de la fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Juan Sebastián Chamorro (i), y el exembajador de Nicaragua en Washington, Carlos Tünnermann, participan de una rueda de prensa

Managua, jun (EFE).- El Gobierno nicaragüense aseguró que asistirá este martes a la mesa de diálogo nacional, suspendida hoy por el incumplimiento de un acuerdo para invitar a entes internacionales al país, y reiteró su propuesta de crear “comisiones locales de paz” para “frenar la ola terrorista” en Nicaragua.

“Mañana martes, en la sesión plenaria del diálogo nacional, reiteraremos este planteamiento que recoge el sentir del pueblo nicaragüense, que urge seguridad y paz”, indicó el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una nota de prensa.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora del diálogo nacional, decidió este lunes suspender las tres mesas de trabajo debido a que el Gobierno no presentó copias de las cartas de invitación a organismos internacionales a visitar el país.

En la misiva, que no se refiere a la suspensión del diálogo este lunes, el Ejecutivo insistió en su propuesta de establecer “comisiones locales de paz, seguridad y reconciliación, mecanismos y compromisos para frenar la ola terrorista de crímenes”.

A pesar de la disposición del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para asistir al diálogo el martes, los obispos aclararon en un comunicado que solamente llamarán a las partes si el Ejecutivo cumple con lo acordado.

“Cuando el Gobierno de la República nos envíe copia de estas invitaciones y los organismos internacionales nos transmitan la recepción de dichas invitaciones, estaremos haciéndolas del conocimiento de la comunidad nacional e internacional para convocar inmediatamente a las mesas de trabajo”, indicó la Conferencia Episcopal.

La Alianza Cívica reiteró, en una declaración que las invitaciones son una “condición indispensable para seguir dialogando”, y que espera que el Gobierno cumpla con ello mañana martes.

El Gobierno de Ortega rechaza las denuncias de los manifestantes y de organismo internacionales de derechos humanos de que los 180 a 200 muertos registrados desde que estalló la crisis, el pasado 18 de abril, son responsabilidad de la Policía y grupos “parapoliciales”, entre ellos las llamadas “turbas” oficialistas.

En la reanudación del diálogo nacional el pasado viernes, tras una suspensión desde el 23 de mayo, el Ejecutivo nicaragüense aceptó invitar de manera “inmediata” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La idea es que sea creado un grupo internacional para investigar los hechos de violencia registrados en el país centroamericano.

Las partes también consensuaron el viernes pasado “urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua” que deberán colaborar en la investigación de las muertes y actos de violencia desde el 18 de abril.

Este lunes miembros de la Alianza Cívica, que representa en el diálogo nacional a estudiantes, empresarios, campesinos, academia y otros sectores nacionales, afirmaron que la presencia de los organismos internacionales representa una garantía para el cese de la violencia.

Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 180 y 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Daniel Ortega también era presidente.

Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.

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